La concesión de la
gestión de los servicios de agua municipal puede parecer una atractiva forma de
ahorrar costes a un ayuntamiento, pero esconde peligrosas consecuencias para la
calidad del servicio en el medio y largo plazo.
El
abastecimiento de agua a un municipio es un continuo quebradero de cabeza, un
servicio puede llegar a ser caro de mantener para las arcas municipales o, para
ser sostenible, presentar unas tasas que no gusten al usuario (también vecino y
votante potencial). Al ser además un servicio básico, cuando hay averías, origina
protestas por parte de los vecinos y un gran esfuerzo para conseguir una rápida
solución.
No es
extraño que las empresas del sector encuentren oídos atentos en los
ayuntamientos, más cuando además suelen ofrecer interesantes condiciones
económicas (pagos de cánones, inversiones en el municipio, etc) ¿Por qué
debería negarse un ayuntamiento a conceder la gestión del agua de
abastecimiento a una empresa que le quite ese peso y además le reporte
beneficios económicos?
Recordemos
que el fin de una empresa privada es reportar beneficios para sus propietarios
o accionistas, una empresa que no estuviera cumpliendo ese objetivo faltaría a
su obligación, por lo que, a diferencia de un ayuntamiento, su preocupación
será la ganancia de dinero y no la calidad (ni técnica, ni sanitaria) del
servicio. Pero… ¿Cómo gana dinero una empresa en un servicio que para un
ayuntamiento significa un coste? La fórmula es sencilla, o aumentando ingresos
(incremento de las tarifas del agua) o recortando gastos (desatendiendo el mantenimiento,
o recortando personal), normalmente se usan ambas vías simultáneamente.
El
aumento de tarifas de agua y la pérdida de calidad son asuntos delicados y muy
mal vistos por la ciudadanía, la concesionaria no suele comenzar estas
prácticas en los primeros años de la concesión y el político evitará el único
perjuicio que podría haberle ocasionado la concesión, para ello, las
concesiones han de realizarse a largo plazo (20, 30 o incluso 40 años), la
empresa puede ir a pérdida los primeros años sabiendo que recuperará con creces
la inversión en el medio y largo plazo, los responsables municipales habrán
cambiado y son diferentes los gestores que se han beneficiado políticamente de
la inversión de los que sufran los perjuicios.
Si
durante la concesión, las condiciones del servicio empeoran mucho, el ayuntamiento
puede querer recuperarlo, el coste del lucro cesante de concesiones a tan largo
plazo hace en la práctica imposible la recuperación. Por el contrario, pasado
el tiempo de la concesión, el servicio suele estar muy deteriorado y los
ayuntamientos no quieren recuperarlos, con lo que la concesionaria suele conseguir
prorrogas en condiciones incluso más favorables.
Es
peligroso considerar el abastecimiento un negocio y este servicio no debería
dejar nunca las manos públicas. Un ayuntamiento puede mantener un servicio de
calidad o mejorarlo a cargo de los impuestos municipales ya que su objetivo es tener
un servicio de calidad para los ciudadanos que pagan esos impuestos y que
deciden con sus votos si es recompensado o no por su gestión. Una empresa
difícilmente hará más allá de aquello que les genere beneficios ya que no se
debe a los ciudadanos, sino a los poderes financieros que manejan la empresa.
Víctor García de Lucas