El borrador de la nueva normativa de
tráfico propone aumentar el límite de velocidad en autovías y autopistas a 130
km/h. A la vez, plantea reducir el límite en las carreteras convencionales de
arcén ancho a 90 km/h (70 para camiones), 70 km/h en las de arcén estrecho y 30
en muchas vías urbanas. Analizando las medidas, son una nueva patada a la
sostenibilidad y, además, no solucionan los problemas que pretenden afrontar.
Llevamos
tiempo recibiendo mensajes que nos hacían suponer que el Gobierno pretendía
cambiar los límites de velocidad. Por un lado, se nos ha venido diciendo que la
conducción en las carreteras convencionales es más peligrosa y de mayor
siniestralidad, del otro que el tráfico es más fluido y recomendable en
autovías y autopistas.
La
mejor eficiencia de la mayoría de los vehículos actuales se alcanza entre 70 y
100 km/h (según antigüedad y modelo). La medida propuesta alejará las
velocidades habituales de conducción, tanto por exceso como por defecto, de las
recomendables para una mayor eficiencia lo que incrementará en ambos casos el
consumo de combustible.
Al
pasar de 120 a 130km/h, se produce un 8,3% en la velocidad pero el consumo aumenta hasta un 16,5%.
Tomando como ejemplo un trayecto de 100 km de autovía, se ganarían poco más de
5 minutos, incrementándose el coste en unos 3€, esto significa aproximadamente
medio euro por cada minuto ¿Merece la pena?.
Pero
a la medida de aumento de velocidad en las autopistas y autovías se suma el
descenso en las carreteras convencionales. En el caso de aquellas de arcén
estrecho, la velocidad máxima (70 km/h) estará por debajo de la recomendable en
términos de eficiencia y por tanto de consumo y contaminación. Aquí, a ese incremento de gasto, los
conductores tendrán que sumar el de la mayor pérdida de tiempo. La supuesta
explicación para ello, es la mayor siniestralidad en estas carreteras. Sin
embargo, los accidentes en las carreteras convencionales suelen producirse
asociados, mayoritariamente, a los adelantamientos y a la imprudencia. La
reducción de la velocidad media de los demás vehículos, no parece que pueda
disminuir las imprudencias de los que quieran ir más rápido de lo permitido,
sino incluso fomentarlas.
El
efecto esperado claramente por el Gobierno, es el abandono de las carreteras
convencionales. Efectivamente, al aumentar la diferencia de velocidades máximas
entre los diferentes tipos de vía, es esperable que muchos conductores
abandonen este tipo de carreteras. Sin embargo, este efecto, lejos de disminuir
el número de atascos en las autovías públicas, lo puede incrementar de forma
significativa y, el resultado puede ser que muchos conductores opten, para
evitarlos, por las autopistas de peaje. Los argumentos esgrimidos (siniestralidad
y fluidez) no parecen pues, sostenerse con la lógica.
Otro
efecto perjudicial será el que tendrá sobre la contaminación y la dependencia
del petróleo. En España, los transportes significan casi un 40% del total de la
demanda energética y, por el momento, es
imposible de suplir por otras fuentes diferentes del petróleo. Un incremento
del 20% en el consumo de combustibles aumentaría las emisiones contaminantes
(alejándonos de nuestros compromisos internacionales e incrementando las
sanciones por su incumplimiento) y, además, aumentaría en igual medida la
dependencia del petróleo y el desequilibrio en la balanza de pagos.
Pero,
si la medida no parece poder solucionar los problemas de fluidez, puede llegar
a incrementar la siniestralidad y es perniciosa para la economía doméstica, la
contaminación o la macroeconomía del país, ¿cuáles pueden ser las motivaciones
para tomar estas medidas? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de la misma?
Parte de la respuesta puede venir del anunciado interés por privatizar las
autopistas que puedan ser más rentables, las mejor conservadas y en las que el
Estado (con el dinero de todos) ha invertido más fondos. Con el nuevo
reglamento, las autopistas de peaje serán mucho más rentables y apetecibles. De
nuevo, un negocio redondo para unos pocos especuladores, con todo, los mayores
y más directamente beneficiarios, serán las compañías del sector de los
hidrocarburos, ya que un aumento del consumo, con unos clientes totalmente
cautivos, repercutirá en un importante incremento de sus beneficios… pero ¿cómo
quedamos el resto de la ciudadanía?
Lo
sorprendente es que, pese a todo, la administración podría maquillar estos
problemas y concluir que su decisión ha sido un éxito ya que, el propio aumento
del nivel de consumo de carburantes puede ser tomado como un índice de mejora
de la economía, con lo que aunque en la realidad, el nivel de vida del
ciudadano empeore, ese índice engañoso puede llegar a ser utilizado para
argumentar un repunte
económico.
La
recomendación de la mayoría de los expertos va por un camino muy diferente de
las medidas anunciadas y, concluyen que la mejor forma de conseguir optimizar
el rendimiento del combustible que utilizamos sería ir acercando los límites
máximos de velocidad a los 100 km/h. Acompañando a esta medida, se deberían ir
reduciendo los problemas de congestión y tráfico urbano promoviendo el uso del
transporte público y de la bicicleta. Adicionalmente, habrá que ir investigando
mejoras en la eficiencia de los vehículos y como hacer estos independientes de
los combustibles fósiles.
Por: Víctor García de Lucas